La Consejería ofrece en la actualidad este servicio de rehabilitación sólo a los discapacitados agudos.

El Parlamento Vasco ha aprobado un informe que reclama al Departamento de Sanidad la puesta en marcha de un servicio de rehabilitación permanente para las personas discapacitadas. El informe demanda también a las instituciones vascas, Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos, el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad y la obligación legal de reservar el 3 por ciento de los puestos de trabajo a discapacitados.

La Cámara de Vitoria constituyó hace dos años una ponencia específica para analizar la situación de los servicios que las instituciones vascas prestan a los discapacitados, escuchar las necesidades de éstos a través de sus asociaciones, establecer un diagnóstico y plantear propuestas para mejorar su situación.

Este trabajo ha concluido con la aprobación de un informe que recoge todos estos apartados. Este informe ha generado un alto grado de consenso, ya que ha sido apoyado por todos los grupos políticos a excepción de Sozialista Abertzaleak (este grupo no ha participado en los trabajos de la ponencia salvo en sus primeras reuniones y no ha acudido a la Comisión de Trabajo y Acción Social donde el informe ha sido votado y aprobado).

El documento plantea una batería de propuestas en distintos ámbitos como la educación, el empleo, la sanidad, la accesibilidad y el transporte para mejorar el disfrute de los derechos ciudadanos por parte de los discapacitados. Estas propuestas no descienden a lo concreto y vienen a establecer los principios generales que deben guiar a las administraciones públicas a la hora de aplicar políticas en la materia.

Una de las propuestas más relevantes va dirigida al Departamento de Sanidad con el fin de que ponga en marcha de forma progresiva un servicio de rehabilitación de mantenimiento para las personas con discapacidad a través del sistema público o bien mediante convenios con otras entidades. Sanidad ofrece en la actualidad este servicio de rehabilitación sólo a los discapacitados agudos.

El nuevo servicio tendría como fin mantener las capacidades físicas de los discapacitados para que puedan conservar a lo largo de toda su vida el mayor grado de autonomía personal posible.

La elaboración del mapa de servicios sociales del País Vasco determinando las prioridades y garantizando los niveles mínimos de protección en los tres territorios es otra demanda significativa a las Diputaciones forales, según ha destacado la parlamentaria Nekane Alzelai, presidenta de la ponencia. El cumplimiento de la Ley vasca de Accesibilidad y de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, de carácter estatal, completan las exigencias.