Los defensores del paciente aseguran que su figura “revolucionará” la atención sanitaria. Los representantes de los usuarios de La Rioja, Extremadura y Madrid – los tres únicos en funcionamiento - ponen en común sus experiencias y resaltan no ser una figura “para buscar culpables, sino para encontrar soluciones y garantías para los pacientes”.

E.P., Logroño.- Los defensores del paciente de La Rioja, Extremadura y Comunidad de Madrid, las tres únicas comunidades con esta figura en vigor, han compartido sus experiencias durante una jornada celebrada en Logroño con motivo de la presentación de la Oficina del Defensor del Usuario de La Rioja, tras un mes de funcionamiento. Allí, los tres defensores, Eduardo Viladés (La Rioja), José Ramón Hidalgo (Extremadura) y Margarita Retuerto (Madrid) han coincido en señalar que esta figura “revolucionará” la atención sanitaria.

La defensora del paciente de la Comunidad de Madrid, Margarita Retuerto, aseguró y que este tipo de figuras “que garantizan los derechos de los ciudadanos” van a “revolucionar e innovar” la atención sanitaria, tanto en los sistemas públicos como en la sanidad privada. Asimismo, Retuerto consideró que estas figuras “son muy importantes, porque están muy cerca de los ciudadanos”.

A su juicio, el Defensor del Paciente “está muy unido a la especialización en el marco sanitario, que es un sistema muy complejo que necesita una figura para reivindicar derechos”. “No estamos para buscar culpables, sino para encontrar soluciones y garantías para los pacientes”, recalcó.

En este sentido, apostó por que los defensores “sean un instrumento de calidad en la atención” y abogó por una “sanidad participativa, una circunstancia que ha venido a transformar la sanidad, porque, merced a las sugerencias de los usuarios, se puede cambiar la legislación”. “Es un elemento de innovación del sistema sanitario”, afirmó.

La representante de los pacientes madrileños incidió en que hay otras comunidades -además de Madrid, Extremadura y La Rioja- que cuentan con la posibilidad de tener esta figura, entre las que citó Baleares y Galicia, “pero el hecho de no ponerla en práctica depende más de los tiempos políticos”. “Con la experiencia de estas tres comunidades - añadió -, tienen un buen punto de referencia”.

Retuerto hizo especial referencia al caso del Hospital de Leganés, “que está en manos del juez, pero en el que sí podemos poner de relieve que está en juego algo tan importante como la confidencialidad”. Por ello, según dijo, “nos hemos dirigido al fiscal, para que abra diligencias para investigar filtraciones muy serias, una gravísima vulneración constitucional”.

Por su parte, el Defensor del Usuario de Extremadura, José Ramón Hidalgo, también presente en la jornada, insistió en que su figura “garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos en relación con el sistema sanitario” y coincidió con su homóloga madrileña al apuntar que “variará sustancialmente los sistemas de atención al usuario”.

En La Rioja, una consulta diaria
El Defensor del Usuario de La Rioja hizo un balance del primer mes que lleva funcionando su oficina, en la que ha recibido casi una treintena de consultas en su primer mes de existencia, según avanzó Eduardo Viladés. “Lo que tratamos es que los usuarios tengan confianza en que se van a respetar sus garantías y derechos”, aseguró. Las quejas –dijo- se han referido, sobre todo, a las listas de espera “tanto en pruebas como en operaciones” y también a la falta de información “en temas como el modo de acceder a los historiales médicos o más conocimiento sobre los derechos del paciente”.

Viladés especificó que, además, se han recibido dos quejas por el caso de los papeles de la Fundación Hospital de Calahorra “procedentes de dos familias que querían saber si sus historiales estaban entre estos papeles”. Indicó que, en este momento, el tema está en manos del juez, por lo que la consulta por esta vía es imposible “pero nos queda la vía de ir al Hospital y pedir los historiales, para ver si tienen los originales”. “El Defensor del Usuario está obligado a llevar adelante su investigación por todas las líneas que pueda”, dijo.

No espera una avalancha de quejas una vez que la Oficina echa a andar de forma oficial, aunque sí un incremento “de las peticiones de información”. “Queremos una Oficina imparcial, autónoma e independiente, que garantice la información y los derechos de los ciudadanos”, añadió.

Viladés apostó “por ser una Oficina accesible y dinámica, no sólo receptora de quejas, sino un instrumento de participación ciudadana para aportar sugerencias a las políticas sanitarias de la comunidad” y aseguró que la institución va a prestar “mayor atención a los colectivos con especiales dificultades, que necesitan discriminación positiva”.