“Pasamos por un momento dulce en la relación con las oficinas de farmacia”

Recientemente han aprobado en Castilla-La Mancha dos decretos en materia de Sanidad. Uno sobre regulación del personal estatutario en Atención Continuada de AP que elimina la figura del personal de refuerzo, como eventual. ¿Qué trascendencia cree que tendrá esta medida?

Es una de las medidas más importantes que hemos realizado en AP. Acabamos así con una larga tradición que empezó con los acuerdos con el Insalud del 92, donde se creó la figura del personal de refuerzo con el objetivo de cubrir las exenciones de guardias que se daban a los propietarios y se pagaba más baratas que a los titulares.

Cuando asumimos esas competencias, aparte de que su eliminación era una petición de los trabajadores, se trataba de una situación insostenible; este personal no tenía el alta permanente en la Seguridad Social. Nosotros se la dimos, y ahora damos un paso más con la creación de un nuevo puesto de trabajo dentro de AP: el personal estatutario de Atención Continuada (PEAC), con su jornada y retribuciones reguladas. Asimismo, en breve, saldrá la oferta de las plazas, unas 700 de médicos y unas 500 en Enfermería.

El segundo decreto se refiere a la retribución del personal de Enfermería de Atención Hospitalaria. ¿Cuántos profesionales se beneficiarán de ello y en qué medida?, ¿cómo afectará a las guardias?

Este decreto hace referencia a dos aspectos retributivos muy importantes. Por una parte, el pago de la hora de guardia que estaba estancado en 12 euros para el personal facultativo y algo más de 8 para el de Enfermería. Hemos llegado a un acuerdo para realizar una subida importante en tres años. A finales de 2007 se cobrará a 19 euros la hora en el caso de los médicos y en torno a 12 en Enfermería. Además, en fechas señaladas se pagará casi triple la guardia.

Por otra parte, en 2002 hicimos un acuerdo que afectaba a Enfermería, a tres años, con todas las fuerzas sindicales, según el cual cuando se terminara este plazo se homologarían las retribuciones del personal de Enfermería de los hospitales con el de AP, ya que este último cobraba más que el de hospitales. Este último acuerdo de la subida en Atención Continuada —que afecta a unos 3.500 profesionales que trabajan como personal de Enfermería de los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha— lo han firmado todos los sindicatos menos CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios).

Castilla-La Mancha es una de las comunidades que heredó del extinto Insalud un servicio de salud con déficit de infraestructuras. ¿Qué inversiones tiene previstas en este capítulo?

Al principio, nos encontramos infraestructuras obsoletas, escasa inversión en tecnologías y poco personal. Tras una buena negociación, una buena transferencia, nos pusimos ‘manos a la obra‘ en estos aspectos. La inversión en alta tecnología ha sido muy importante, hemos creado 500 nuevas plazas de personal cada año y tenemos obras en todos los hospitales, bien de ampliación, reforma de consultas o de creación de nuevos centros (como en Toledo o Ciudad Real). Hay en marcha 120 expedientes de obra en la comunidad y la inversión desde 2002 ha sido mayor que en los 12 años anteriores y asciende a unos 240.000 euros diarios.

Algunas comunidades han comenzado a desarrollar la carrera profesional, una de las principales demandas de los profesionales sanitarios. ¿Qué proyecto tiene respecto a este asunto?

Con los sindicatos, colegios y sociedades científicas estamos circulando el borrador y recogiendo alegaciones con el objetivo de que el nivel 1 comience el 1 de enero de 2006. Hemos tenido una fuerte discusión sobre la reversibilidad o no de la carrera y, en Castilla-La Mancha, nos inclinamos porque no sea reversible. También se ha discutido sobre si el personal funcionario sanitario local entraba o no en la carrera profesional y pensamos que, sin duda, debe entrar. Vamos a ir a los cuatro más uno como en casi todas las comunidades y, aunque los mecanismos de entrada son similares en todas, vamos a diferenciarnos en los mecanismos de evaluación, que en nuestro caso será externa.

¿En qué situación están las listas de espera?

Me congratula decir que están muy bien. Desde que cogimos las transferencias hay unas 100.000 personas menos. El tiempo de espera medio en intervenciones quirúrgicas es de 42 días, 19 en consulta externa y 11 en pruebas diagnósticas. Además, contamos con la Ley de Garantía de Atención Sanitaria Especializada mediante la cual garantizamos a los ciudadanos tiempos de 90 días máximo en quirúrgica, 15 en consulta externa y 7 en prueba diagnóstica. Si sobrepasan estos tiempos, el paciente puede acudir a una clínica privada y el Servicio de Salud se lo paga.

Hasta ahora, han ejercido estos derechos unas 670 personas, que quizá no es un número muy alto, pero esto puede ser consecuencia de que estemos consiguiendo la ‘cita cierta’. De este modo, el paciente no se va con un ‘ya le llamaremos’. Aunque, en ocasiones, no se cumplan los plazos de forma estricta, el ciudadano tiene su fecha de cita y, aunque pueda acudir a otro centro, si los plazos son razonables prefiere que le vea su médico.

Respecto a la financiación sanitaria, algunas comunidades han elaborado sus propuestas para mejorar el sistema de financiación. ¿También Castilla-La Mancha está trabajando en su propuesta de cara a la próxima Conferencia de Presidentes?

Por supuesto, estamos trabajando en ello. Se ha creado, en las Cortes Regionales una comisión —por unanimidad de los dos grupos políticos— para estudiar la financiación autonómica donde se incluye la sanitaria. Tenemos una serie de ideas que queremos que sean consensuadas en las Cortes de Castilla-La Mancha porque eso le da más fuerza a nuestro presidente a la hora de plantearlas en la Conferencia de Presidentes.

El modelo implantado puede seguir siendo el modelo básico pero con ciertos retoques, como que se estudie la restricción inicial y que se tengan en cuenta los aspectos que generan más gastos en las comunidades, como el aumento de población. Y es que aquellos lugares con mayor crecimiento tendrán más necesidades de financiación. También estimamos que en Castilla-La Mancha existen factores que generan más gasto, como la dispersión de la población. Nuestros gastos en transporte sanitario, en tener puertas abiertas de urgencias o en guardias, no son los mismos, en proporción, que los de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.

Otro tema a tener en cuenta es la tercera edad. No es igual ser mayor de 65 años que de 85. Por otra parte, cuando se habla de cesión de impuestos, la subida de un punto en el IRPF no repercute igual en Madrid que en Castilla-La Mancha. Si bien todos estamos de acuerdo en que hace falta un impulso, una intención económica, en lo que no coincidimos es en que esta intención sea para poner ‘el contador a cero’.

¿Qué le parece la propuesta de que las comunidades financien la Sanidad a través del aumento de los impuestos sobre la gasolina, el alcohol y el tabaco?

Yo prefiero que la Sanidad se financie con impuestos directos. No obstante, si se tienen que gravar impuestos indirectos, sin duda, que sean aquellos que hagan un efecto disuasorio sobre su consumo porque repercuten negativamente en la Sanidad.

Castilla-La Mancha cuenta con una nueva Ley de Ordenación Farmacéutica (LOF) que, a pesar del consenso logrado, recibió críticas del PP y de la organización empresarial de farmacias. ¿Qué opinión le merecen estas críticas?

Se aceptaron algunas de las alegaciones que presentó el PP, por ejemplo la que se refería a la transmisión de las farmacias. Aparte de esto, los colegios profesionales y las organizaciones empresariales querían conseguir incorporar la transmisión mortis causa. Esto fue lo que yo me encontré cuando llegué a la Consejería. Se estaba negociando la nueva LOF y tras múltiples conversaciones surgió la transmisión libre y se respondió a una serie de peticiones que venía haciendo el sector.

Hemos aumentado los módulos de población, pasando de 1.500 (la LOF de 1996) a 1.800. Se ha incrementado la edad de caducidad de la autorización administrativa —se ha pasado de los 65 a los 75 años—. En términos porcentuales, podríamos hablar de que esta ley recoge el 90 por ciento de lo que han planteado todos los sectores. Donde no nos hemos puesto de acuerdo es en ciertas enmiendas del PP ya que pedía que subiéramos aún más los módulos pero creíamos que una comunidad como ésta (donde el 4 por ciento de la población vive en el 50 por ciento de los municipios) no podíamos seguir aumentando. El crecimiento de la población es del 7,6 por ciento desde que cogimos las transferencias y hemos crecido mucho en determinadas zonas. Nos encontramos con municipios que en tres años se han puesto en 6.000 habitantes y tienen una sola oficina de farmacia.

Cuando hagamos el decreto de desarrollo —que me he comprometido a hacerlo lo más sencillo y consensuado posible—, podremos abrir en Castilla-La Mancha 79 oficinas de farmacia más. Sin embargo, si hubiéramos tenido en cuenta la enmienda del PP sobre los módulos de población no podríamos abrir ninguna. Tampoco ha habido consenso en que no caduque la autorización administrativa ya que consideramos que 75 años es más que suficiente. Asimismo, no hemos coincidido en la caducidad de los méritos para los concursos.

En los últimos meses, el incremento del gasto farmacéutico ha experimentado un repunte, ¿a qué cree que ha sido debido?

Estábamos acostumbrados a las buenas cifras de 2004, por ello, es un tema muy preocupante aunque somos optimistas. Hemos analizado los factores y creemos que lo que más ha influido es el crecimiento del numero de recetas, ya que el precio medio por receta no está aumentando. Muchas farmacias, por su volumen, estaban en el límite de la exención, algunas han pasado a no tener ningún tipo de devolución por lo que no revierten al sistema. El compromiso que adquirió el subsecretario de Sanidad es que cuando acabe el año echaremos cuentas y las comunidades perjudicadas con la nueva aplicación de los tramos del RD 5/2000, seremos resarcidas. Somos moderadamente optimistas en cuanto a que podemos volver a cifras similares a 2004, ya que el interanual nos mantenemos en el 6,12.

A nivel regional y dentro de las competencias autonómicas en política farmacéutica, ¿qué medidas piensa poner en marcha para controlar esta partida y fomentar el uso racional del medicamento?

Pusimos en marcha un plan, anterior del actual del ministerio de Elena Salgado, de atención integral de la prestación farmacéutica. Nos basamos en una buena negociación que hicimos del concierto de farmacia, empezando a suministrar a las residencias públicas mayores a través de la farmacia hospitalaria, donde ha habido ahorros de precio de venta al público importantes. Además, hicimos una única guía farmacoterapéutica en el ámbito regional con un listado de los medicamentos más eficientes, se discutió en el contrato de gestión con los equipos de AP una incentivación en base al cumplimiento del listado de medicamentos y adhesión a la guía farmacoterapéutica.

Al margen, había otras medidas que incidían en la información a la población, en la actuación con las organizaciones de consumidores y usuarios y en lo que llamamos hipoprescriptores (con información, no sanción) a través de los farmacéuticos de AP, analizando los perfiles prescriptores de algunos facultativos, que han dado muy buenos resultados. Todo ello será reforzado con un centro asesor farmacoterapéutico que va a empezar a funcionar en breve para que los profesionales puedan consultar sus dudas a través de un teléfono gratuito.

Además, un 80 por ciento de las consultas de AP está informatizado con módulos de prescripción que facilitan la prescripción de los facultativos. También hicimos la nueva circular de visita médica que al principio generó mucha polémica, por temor a despidos, pero no ha ocurrido nada de eso. Todo este paquete de medidas nos dio buenos resultados en 2004 y esperamos que lo haga en 2005.

El Ministerio de Sanidad ha intentado buscar una solución al problema del desabastecimiento de fármacos, con un Real Decreto que garantice la trazabilidad de los medicamentos. ¿Ha existido realmente desabastecimiento en las farmacias de Castilla-La Mancha?, ¿cree que se puede cumplir pese a que la distribución y la farmacia aseguran que es imposible de aplicar por las dificultades técnicas?

Más allá de casos puntuales, no hemos encontrado desabastecimiento. Por otra parte, la trazabilidad en lo que es la facturación pública es factible, eso sí, va a suponer más atención y trabajo por parte de las oficinas de farmacia, pero creo que dentro de un año será un tema totalmente normalizado.

La colaboración con los farmacéuticos es cada vez más estrecha. Prueba de ello son los programas de visado electrónico de recetas en las farmacias o la participación de los farmacéuticos en programas de lucha contra la droga, ¿tienen más proyectos en marcha?

Con las farmacias pasamos por fases de amor y desamor, como ocurre en toda relación. Pero pese a ello, la colaboración diaria siempre ha sido buena. Ahora creo que estamos en un momento dulce de la relación. Colaboramos en programas de dispensación de metadona, preservativos a bajo coste, educación para la salud o visado electrónico. Además, tenemos previsto un programa de detección de diabetes.

La farmacia además de ser donde se dispensan fármacos es también una agencia de salud que hace atención farmacéutica y educación para la salud. Significa algo más, es esencial, tanto que en muchos municipios el agente sanitario que pasa más tiempo es el farmacéutico ya que el médico pasa consulta en varios pueblos y no se dedica sólo a uno.

El Ministerio de Sanidad sigue enfrentado con las comunidades autónomas populares por el Real Decreto de la cartera de servicios y la dotación del fondo de cohesión, ¿Cómo ve Castilla-La Mancha este RD?

Si comparamos el borrador de Sanidad con el RD de prestaciones del 95 observamos que es prácticamente el mismo, la novedad radica, aparte de estar estructurado mejor y aclarar ciertas cosas, en que nos obliga a dar esas prestaciones mínimas y la forma de introducir una nueva prestación será por orden del Ministerio, y esto a algunos no les gusta. Sin embargo, se actuará siempre previo acuerdo en el consejo interterritorial y pasará a una comisión interministerial que estudie su financiación. Si alguna comunidad quiere añadir algo más, que lo pague. Hay quien cree que esto rompe la igualdad del sistema, pero ya es algo que se está haciendo. Por ejemplo, hay comunidades, tanto del PP como del PSOE, entre las que está la nuestra, que han incluido la financiación de la atención bucodental.

La modificación de la Ley del Medicamento incluye un nuevo sistema de financiación selectiva de medicamento y otro de precios de referencia. ¿Podría darnos su opinión sobre el texto?

Hay que destacar la transparencia en la fijación de los precios de los medicamentos. Y es que, aunque está establecido que el precio lo fija la Administración central, vamos a poder saber en qué nivel de innovación terapéutica entra cada fármaco y, en base a eso, qué precio va a tener. Así tendremos mejor criterio. En cuanto a la política de genéricos es importante que el sistema de precios de referencia afecte a cuantos más laboratorios mejor, es un reparto más justo. En base a estas dos líneas me parece un proyecto de ley acertado.

¿Qué entiende por “innovación” a la hora de calificar así a un nuevo medicamento?

Un fármaco innovador es el que viene a dar una solución a un problema que existe y que antes no la tenía. Éste sería el caso de un medicamento que curase el Alzheimer o cierto tipo de tumores. Tiene que tener un precio de venta al público competitivo, aunque sea alto, pero que merezca la pena.