Los dos textos recogen la posibilidad del médico a negarse a aquellas prácticas contrarias al ordenamiento jurídico o la buena práctica.

E.P., Toledo, Mérida.- Las Comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura han aprobado el mismo día la ley de voluntades anticipadas y autonomía del paciente, donde se recoge el testamento vital. En los dos textos se recoge la posibilidad de que el profesional médica pueda mostrarse contrario a una práctica por contravenir el ordenamiento jurídico o la buena práctica médica. La manchega destaca por no ser obligatorio su alta en el registro de voluntades anticipadas nacional, mientras la extremeña concede más importante al repaso de la historia clínica del paciente.

En Castilla-La Mancha, el texto fue aprobado con los votos de la mayoría socialistas, y en él se entiende por declaración de voluntad anticipada o última voluntad la manifestación escrita en la que una persona expresa los cuidados o tratamientos relacionados con su salud que desee recibir o no, así como la voluntad sobre el destino de su cuerpo o sus órganos a su fallecimiento. También recoge que los documentos de voluntades anticipadas podrán ser modificados, sustituidos por otros o revocados en cualquier momento, teniéndose en cuenta, en el momento oportuno, el contenido del último documento.

Las voluntades expresadas obligarán al médico o al equipo sanitario a su ejecución, no siendo aplicables aquellas que resulten contrarias al ordenamiento jurídico o a la buena práctica médica.

La portavoz en materia de Sanidad del PP, Ana Guarinos, defendió las enmiendas de su grupo, que solicitaban la obligatoriedad de inscribir la declaración en el Registro creado a tal efecto - como regula la norma de Andalucía - y que se facilite a los pacientes un modelo oficial de documento para formalizar esas voluntades, como la “única manera” de garantizar la libertad de los ciudadanos, y hacer que la ley se conozca y se cumpla.

Por su parte, la diputada del PSOE y defensora del Proyecto de Ley, Ángela Ambite, destacó que la obligatoriedad por la que aboga el PP “coarta la libertad de los ciudadanos”, a quienes no se les puede imponer esta norma, recordando a los ‘populares’ que los efectos jurídicos de la declaración son independientes y no deben estar condicionados a su inscripción en el Registro de Voluntades Anticipadas.

La historia clínica en Extremadura
Por su parte, la ley extremeña se aprobó con los votos a favor del Grupo Socialista y Popular, y la abstención del Grupo Mixto-Izquierda Unida. Según indicó el consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara Esta Ley regula, además del derecho a la información de los pacientes y la exigencia de la prestación de los pacientes y la de su consentimiento previo a cualquier actuación que afecte a su salud, otros aspectos como el acompañamiento del paciente por parte de familiares y allegados, así como los derechos relativos a la intimidad y confidencialidad de la información sobre la salud, con especial mención a los datos genéticos.

La Ley regula también los derechos relativos a la documentación sanitaria por parte de los centros, establecimientos y servicios sanitarios, destacando al importancia de la historia clínica. El consejero de Sanidad explicó que, para ello, la historia clínica se compondrá de varios apartados que serán accesibles para el paciente y un apartado, el de anotaciones subjetivas del profesional, que no será facilitado si es reclamado por el paciente.
Las enmiendas presentadas por los populares pretenden llamar la atención sobre una serie de cuestiones que consideran de importancia.

En primer lugar, una de ellas estuvo encaminada a destacar que no se ha incluido el derecho a la libre elección de médico, servicio y centro, así como a la segunda opinión médica, a pesar que éstos “son derechos que ya reconoce la Ley de salud de Extremadura de 2001, aunque no se ha hecho efectivo aún”.

Otro de los derechos que recoge la Ley es el de la intimidad y confidencialidad en la información referida a la salud, así como que el enfermo sea atendido en un medio que garantice la intimidad, la dignidad y seguridad de la persona. En este sentido, los populares han presentado una enmienda para que se reconozca el derecho de todos los pacientes a contar con una habitación individual en los centros de aplicación de la ley, “para garantizar la mejora del servicio, y el derecho a la intimidad y confidencialidad”.

Con esta enmienda, los populares pretendieron que se cumpla la promesa electoral del Partido Socialista acerca de que todos los centros sanitarios extremeños cuenten con habitaciones individuales.