En estos días se realizan las comparecencias en la Comisión de Sanidad en torno a la Ley del Medicamento. El anteproyecto que el Ministerio de Sanidad ha remitido al Congreso de Diputados no tiene en cuenta aspectos muy importantes planteados enfermeras y pacientes.
La Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) representa a 30.000 enfermeras comunitarias de todo el país y tiene como primera finalidad la defensa y promoción de la Sanidad Pública, ha mantenido diversos contactos en torno a esta ley a la vez que ha mantenido una oferta de colaboración permanente con el Ministerio en todo cuanto concerniese a asuntos relativos a la mejora del Sistema Nacional de Salud, la Atención Primaria o a la Enfermería Comunitaria. Nuestros esfuerzos y colaboración no has sido tenidos en cuenta y el Ministerio ha desoído los aspectos básicos que para mejorar la accesibilidad y seguridad de los pacientes a los medicamentos le planteaban las enfermeras.
Ante la próxima ronda de debate que se inicia, queremos manifestar la problemática relativa a la gestión de ciertos medicamentos y productos sanitarios en determinados contextos, que se traduce en pérdida de accesibilidad, continuidad de la atención y resolutividad de los servicios de salud en poblaciones muy vulnerables. En el entorno de Atención Primaria, los pacientes crónicos, los inmovilizados y las personas en situación terminal en el domicilio, así como sus cuidadoras, algunos colectivos de jóvenes que demandan atención para conductas sexuales de riesgo, ancianos frágiles o simplemente, personas con procesos menores que tienen mayor frecuencia de encuentro con la enfermera (altas quirúrgicas en el domicilio)… a la hora de acceder a fármacos que toman habitualmente, se topan con una cadena de trámites burocráticos y administrativos, que no sólo no aportan ningún valor añadido, sino que además tienen una importante repercusión en su bienestar. Gran parte de esos problemas se deben a rigideces legislativas heredadas de tiempos en los que la atención sanitaria era muchísimo menos compleja que la actual en términos de demanda, oferta y proveedores.
Nuestra organización se ha prestado permanentemente a la colaboración con el Ministerio para solucionar con la magnífica oportunidad que suponía este Proyecto de Ley, un problema histórico que ya han solventado mediante la prescripción enfermera en otros Sistemas Nacionales de Salud como en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Suecia, Australia, o EEUU, con resultados más que satisfactorios.
La finalidad de las enfermeras no es otra que regular y normalizar lo que por vías aberrantes e informales, se “malgestiona” a diario y es consentido por todos (pregunte a cualquier médico o enfermera de un Centro de Salud), con los riesgos que ello produce y la falta de regulación consecuente. La posibilidad de que las enfermeras prescriban ciertos medicamentos y productos sanitarios de forma reglada cuenta con el apoyo abierto de muchos colectivos médicos y de algunas Consejerías de Salud, entre ellas, las de la Cataluña y Madrid. Pero, lo más importante es que también el colectivo de pacientes crónicos de este país, aglutinado en la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas, suscribe esta medida.
No entendemos que un Ministerio de un gobierno progresista, que ha demostrado en otros campos una valentía social muy necesaria en nuestro país, no haya sido sensible a esta situación y haya cedido a las presiones de colectivos reaccionarios con finalidades puramente corporativistas y cuya defensa de una Sanidad Pública es sospechosamente ambigua.
Con la indiferencia mostrada hacia el colectivo enfermero, se está perpetuando una situación que finalmente afecta a personas muy desfavorecidas (ancianos inmovilizados, pacientes terminales, cuidadoras, poblaciones de zonas rurales aisladas…) personas con las que las enfermeras están en permanente contacto ofreciendo sus cuidados y reivindicando y defendiendo cuestiones que por sí solas se legitiman.
Así mismo, como profesionales que son los principales proveedores de cuidados a los más de 15 millones de ciudadanos con enfermedades crónicas de este país, apoyamos abiertamente la protesta de este colectivo porque el Ministerio los ha ignorado en el debate.