Durante esta semana, comienza la ronda de comparecencias en el Congreso de los Diputados para debatir la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios , sin que el Ministerio de Sanidad haya hecho caso a las reivindicaciones de la Enfermería Comunitaria de todo el país, acerca de la regulación de la capacidad de las enfermeras para gestionar y prescribir determinados fármacos y productos sanitarios.

Es sabido que la gestión de ciertos medicamentos y productos sanitarios en determinados contextos, con la rigidez legislativa actual (y la que se avecina con la nueva Ley) se traduce en pérdida de accesibilidad, continuidad de la atención y resolutividad de los servicios de salud en poblaciones muy vulnerables. En el entorno de Atención Primaria, los pacientes crónicos, los inmovilizados y las personas en situación terminal en el domicilio, así como sus cuidadoras, algunos colectivos de jóvenes que demandan atención para conductas sexuales de riesgo, ancianos frágiles o simplemente, personas con procesos menores que tienen mayor frecuencia de encuentro con la enfermera (altas quirúrgicas en el domicilio)… a la hora de acceder a fármacos que toman habitualmente, se topan con una cadena de trámites burocráticos y administrativos, que no sólo no aportan ningún valor añadido, sino que además tienen una importante repercusión en su bienestar.

Gran parte de esos problemas se solucionarían con leves modificaciones legislativas que acabarían con normas heredadas de tiempos en los que la atención sanitaria era muchísimo menos compleja que la actual en términos de demanda, oferta y proveedores.

La finalidad de las enfermeras no es otra que regular y normalizar lo que por vías aberrantes e informales, se “malgestiona” a diario y es consentido por todos, con los riesgos que ello produce y la falta de regulación consecuente.

Resulta incomprensible que un gobierno que ha enarbolado la bandera del “progreso” en otros aspectos legistlativos, en este, adopte una postura tan reaccionaria.

Con la indiferencia mostrada hacia el colectivo enfermero, se está perpetuando una situación que finalmente afecta a personas muy desfavorecidas (ancianos inmovilizados, pacientes terminales, cuidadoras, poblaciones de zonas rurales aisladas…). Otra prueba de ello es el veto que le ha realizado a la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas (son más de 15 millones en España y los principales consumidores de fármacos).

Si el colectivo enfermero aplicase la Ley actual o la futura “sensu stricto”, ¿qué pasaría en los Centros de Salud, domicilios y Hospitales? Todos sabemos la respuesta, pero, el Gobierno, al parecer, prefiere mantener una escandalosa situación llena de zonas grises.