La Consejería estima que actualmente hay unas 6.500 personas en esta lista, pero sospecha de una “bolsa de dependencia invisible”.

EFE, Santander.- El Gobierno regional dispondrá antes del verano de una radiografía exacta de las 6.500 personas dependientes incluidas en la cartera de servicios de Atención Primaria y está tratando de identificar una “bolsa” de dependencia “invisible” al sistema de protección. La consejera de Sanidad, Charo Quintana, quien analizó el proyecto de Ley de Dependencia acompañada por la vicepresidenta, Lola Gorostiaga, explicó que su departamento ha identificado ya a unas 7.000 personas con una minusvalía superior al 75 por ciento.

Sin embargo, su departamento sospecha que existe una bolsa de dependencia, que quiere identificar, compuesta por ciudadanos que no han pedido el reconocimiento de su minusvalía y que no saben que a partir del 1 de enero del 2007 verán reconocido un derecho a la protección social, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.

La consejera explicó que la prioridad de su departamento es ahora conocer la situación real de las personas con dependencia, antes de poner el marcha el Servicio de Atención a la Dependencia de Cantabria, por lo que de momento no se ha cuantificado el coste de este servicio para su primer año de aplicación, el 2007.

Antes del verano, dispondrá de los resultados de un Plan Piloto de Atención a la Dependencia que se puso en marcha en el 2005 para valorar a las 6.500 personas incluidas en la cartera de servicios de dependencia de Atención Primaria.

Este trabajo está siendo realizado por profesionales médicos y de enfermería, psicoterapéutas y trabajadores sociales, que están visitando en sus hogares a todas estas personas, para conocer su grado de dependencia, sus necesidades individuales, la situación de sus cuidadores, mayoritariamente mujeres, y las condiciones sociales y económicas de la familia.

La Consejería de Sanidad dispone este año de 75 millones de euros para atender a las personas con dependencia y prepararse para desarrollar la nueva ley, de los cuales poco más de 3 serán aportados por el Estado.

Quintana se mostró “muy satisfecha” por la aprobación de la ley por el Consejo de Ministros y por la participación activa de la comunidad autónoma en su elaboración y mejora. Según la consejera, Cantabria impulsó la inclusión en la ley del reconocimiento de la protección social a los niños de 0 a 3 años con graves alteraciones en su desarrollo.

De hecho, antes del 2005, estos niños eran atendidos por el sistema público en Cantabria cuando existían posibilidades en los servicios de prestación y en función de sus recursos económicos.