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La FAECAP contra la nueva reforma sanitaria que rompe el principio de solidaridad y universalidad de la atención sanitaria en España

02/05/2012
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El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno, excluye a las personas inmigrantes “irregulares” de la garantía de ser atendidos en situación de enfermedad. Rompiendo con el derecho a la protección de la salud que garantiza la Constitución Española
Madrid, 30 de abril de 2012. Redacción FAECAP. El Real Decreto Ley (RDL) 16/2012, de “Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejorar la Calidad y Seguridad de sus Prestaciones”, publicado en el BOE el pasado 24 de abril, recoge quién tiene derecho a los servicios públicos de salud y las medidas que modifican la actual cartera de servicios, la prestación farmacéutica o los recursos humanos al servicio de la población. Todo ello modifica, entre otras, la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS, la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos sanitarios.

Desde FAECAP consideramos que las modificaciones que recoge este RDL, atentan contra la salud y por tanto contra el estado de bienestar de los ciudadanos. Sobre todo las dirigidas a la población más desfavorecida, como son los pensionistas de rentas bajas y los inmigrantes sin empleo.

El RDL condena a salir del sistema sanitario público, a partir del 1 de septiembre de 2012, a los inmigrantes que no estén dados de alta en la Seguridad Social retirándoles el derecho que hasta ahora tenían a la tarjeta sanitaria que les garantizaba la prestación sanitaria.

Ante esta situación, las enfermeras comunitarias nos vemos en la obligación de denunciar y manifestar nuestro rechazo a dicha medida. Como profesionales sanitarios no podemos contribuir a esta discriminación, nuestra conciencia como profesionales de la salud y nuestro código deontológico nos obliga a denunciar esta situación y defender el derecho a que toda persona que necesite atención sanitaria en España, sea atendida con los medios disponibles tanto en los centros hospitalarios como en los centros de salud.

Siendo la defensa y promoción de la sanidad pública uno de los objetivos de FAECAP, tenemos el deber de unirnos a los colectivos profesionales y organizaciones ciudadanas que reclaman que no se lleve a acabo esta medida y evitar la segregación de las personas inmigrantes en situación “irregular”. Consideramos que estas personas forman parte de la población más vulnerable por su situación socioeconómica, no pudiendo considerárselas dentro del grupo de personas de “turismo sanitario” a las que también hace referencia el citado RDL y que corresponden mayoritariamente a los europeos, cuyos países de origen pueden pagar la factura en virtud de los acuerdos comunitarios.

Consideramos que este RDL, abre la posibilidad de que se creen bolsas de marginalidad en términos de salud, con los riesgos que ello supondrá para el conjunto de la población.

Hay que tener presente que actualmente, entre los inmigrantes no inscritos en la Seguridad Social, podemos encontrarnos con personas con problemas de salud mental, enfermedades crónicas como la diabetes o cardiopatías, infección por el VIH, enfermos que necesitan diálisis o que padecen procesos tumorales. A todas estas personas se les quitará la tarjeta sanitaria y por tanto el acceso a poder seguir con su tratamiento y cuidado a partir del 1 de septiembre de 2012.

La opción que se recoge en el RDL de que podrán ser atendidos en los servicios de urgencias del hospital o de atención primaria, además de sobrecargar dichos servicios, ya de por si saturados, no garantiza la necesidad de seguimiento de los tratamiento y cuidados enfermeros necesarios, así como las actuaciones de prevención destinadas a evitar la aparición o la detección precoz de enfermedades. Poniendo en cuestión el pretendido ahorro económico que se quiere generar. Lo que si será seguro, es que la salud de estas personas empeorará e incidirá negativamente sobre su entorno familiar

Y todo ello, estará pasando en una sociedad a la que consideramos “desarrollada” y “solidaria”.

El RDL también obliga al copago farmacéutico a los pensionistas, según su renta, y establece que, de exceder la factura mensual las cantidades estipuladas para cada tramo, la Comunidad Autónoma se lo reembolsará en un plazo máximo de seis meses, lo que contribuirá a que muchos pensionistas con rentas  bajas no sigan los tratamientos correctamente.

Este copago progresivo en función de la renta también incidirá negativamente sobre otros colectivos vulnerables, como en el de las personas con discapacidad que necesitan prótesis para su integración social y laboral, las personas que tiene alguna enfermedad metabólica y que necesitan productos dietoterápicos para sobrevivir o en el transporte sanitario no urgente para acudir a diálisis o rehabilitación, entre otros.

Otra medida de este RDL que supondrá una penalización a los pensionistas con rentas más bajas y personas mas desfavorecidas, es la  exclusión de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de medicamentos y productos sanitarios indicados en tratamientos de “síntomas menores”, lo que automáticamente supondrá la liberalización del precio de comercialización de dichos medicamentos.

Por todo ello, la FAECAP reclama al Gobierno que en la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley 16/2012 de “Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y Mejorar la Calidad y Seguridad de sus Prestaciones”, introduzca las modificaciones necesarias para cambiar las medidas que atentan directamente contra la salud de la población y el estado de bienestar alcanzado en nuestro país.